Posturas encontradas en la primera audiencia por el precio del boleto
La Defensoría del Pueblo y la Cámara Empresaria impugnaron el estudio de costos del gobierno, y advirtieron que tomarán acciones si no se corrige el cálculo de la tarifa.
Ante un Salón Obligado semivacío, se realizó este sábado la primera de las dos audiencias públicas convocadas por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia para presentar el estudio de costos que determina el precio que tendría que tener el boleto de colectivos en las líneas urbanas e interurbanas que recorren el Área Metropolitana del Gran Resistencia.
Como podía esperarse en la previa, las posturas de todos los actores mostraron marcadas diferencias, con los cuestionamientos al cálculo del Gobierno por parte de los representantes de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor (Cetach), como de la Defensoría del Pueblo; además del rechazo tanto al costo como a la calidad del servicio planteada por los usuarios que tomaron la palabra.
Si bien el carácter de las audiencias públicas nos es vinculante, la normativa vigente obliga a la autoridad de aplicación a tomar en cuenta y ofrecer respuestas a las inquietudes que puedan surgir de los diversos actores presentes en la instancia de debate.
También es necesario tener en cuenta que los números presentados ayer hacen referencia a los costos que estructuran la tarifa. Pero aún resta conocer el esquema de subsidios que, como ya lo anticiparon funcionarios que asumirán el 10 de diciembre, implementará el Gobierno provincial (y presumiblemente también el Nacional) y permitirán saber a ciencia cierta qué parte de esos costos asumirá el Estado y cuánto será lo que tendrán que desembolsar los usuarios cada vez que utilicen el servicio.
CÁLCULOS DISÍMILES
Como lo hizo público hace poco más de 10 días, la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, en trabajo conjunto con los equipos técnicos de la Comuna capitalina, el estudio de costos arrojó un precio de $44,91 para las líneas interurbanas, y de 36,16 pesos en el caso de las urbanas.
Por la Cetach, participaron Javier Harfuch, en representación de ERSA; María Alejandra Mena, de la Línea 8, y Hugo Peralta, de la Línea 111.
La entidad expuso lo que presentó como una “formal impugnación” contra los estudios costos realizados por ambas jurisdicciones y solicitó “su revisión”.
En lo que respecta al cálculo del boleto interurbano, los empresarios aseguran que “el km promedio tomado por la Autoridad de Aplicación Provincial es de 71.000 km por bus/año”, lo cual es “contradictorio” con sus propias estadísticas. Además, remarcan que existen grandes diferencias en el costo del material rodante ya que el Gobierno toma “el valor del bus con facturas de compra de los meses de abril/mayo ($ 4.466.862.-), sobre un dólar a $45,70, sin actualizar los valores al presente, cuando la base para tomar el valor de la moneda norteamericana oscila entre los $ 57 y $ 60”.
Los cuestionamientos son similares cuando lo que entra en análisis el cálculo de la tarifa del boleto de las líneas urbanas, fundamentalmente en conceptos como el valor del combustible (sin actualizar en el estudio del Gobierno), de los neumáticos y en los kilómetros promedio que recorre cada unidad.
En conclusión, para la Cetach, el precio del boleto en las líneas urbanas asciende a 55,92 pesos; mientras que el de las interurbanas se ubica en la escalofriante cifra de $60,34. Desde la Cámara explicaron además que, de mantenerse el esquema de beneficios del Programa Chaco, los precios alcanzarían los $34,95 para las líneas urbanas, y de $39,37 para las interurbanas.
“Sin respuestas a la impugnación formulada, esta Entidad advierte que el consiguiente proceso de discusión de las tarifas en Audiencia Pública contiene el vicio primigenio de la falta de elementos claros de valoración objetiva, obligando a las empresas asociadas a tomar los recaudos que estimen corresponder en adelante”, cierra el escrito presentado por la Cetach.
ESPERAN RESPUESTAS
En representación de la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Maldonado, tomó la palabra en la audiencia pública y planteó que “los costos presentados no reflejan la realidad del Sistema de Transporte público de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Resistencia, son carentes de información y no se ajustan al acuerdo judicial de 2018, es decir, debieron tomar como base, la metodología de cálculo de costos establecida en la Resolución 37/13 del entonces Ministerio de Transporte de la Nación, Anexo I, por la que se hubiese dado un salto de calidad en la metodología del cálculo”.
El organismo sentó su posición en un escrito que sostiene que “la Secretaría y el Secretario de Transporte de la Provincia en los últimos 4 años no trabajaron al servicio de los usuarios y del mejoramiento del sistema”.
Maldonado advirtió que “la audiencia pública no es una formalidad, ni un mero trámite que, cumplido habilita a la autoridad a tomar cualquier decisión” sino que, por el contrario, es una instancia que debe permitir la expresión de los intereses en juego en los derechos de incidencia colectiva. “Así como toda persona individual tiene el derecho a ser oído, en forma previa al dictado del acto, la comunidad debe ser oída, antes del dictado de un acto que la involucra. Se integra así la garantía constitucional del debido proceso en sentido sustantivo del Art. 18 de la Constitución Nacional. Y este derecho de defensa no se agota en ser oído. Luego, el funcionario debe dar una decisión fundada que dé respuesta a las cuestiones aquí planteadas”, expresó.
En esa línea anticipó que la Defensoría esperará la respuesta a los cuestionamientos y las decisiones finales que se tomen por parte de la Provincia y del Municipio de Resistencia respecto del nuevo cuadro tarifario. “Oportunamente, de ser necesario, plantearemos las medidas que se estimen pertinentes”, indicó.
