martes, 8 de enero de 2019

Basura, el último gran contrato de la gestión Mestre

Cordoba

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Tras un largo proceso, sobre el cierre de 2018 se puso en marcha el nuevo sistema de recolección prometido por el intendente.
Es el gasto más grande que tiene la ciudad, detrás del pago a los empleados municipales.


2018 fue, para la ciudad de Córdoba, el año de la basura. No porque en varios barrios la recolección de los residuos generados en las Fiestas haya tomado varios días, sino porque finalmente el intendente, Ramón Mestre, pudo adjudicar el servicio.

Se trata del contrato más oneroso de la Municipalidad, para el que comprometió el ocho por ciento de los egresos totales. O el nueve por ciento de los ingresos proyectados para este año.

Para Mestre, fue el cierre de un proceso muy dificultoso. Para lograr la adjudicación, optó por dividir lo que históricamente iba en conjunto, y dejó en manos de empresas municipales el barrido y la disposición final.

Para la limpieza de las calles, creó el Ente de Servicios y Obras Públicas (Esop), que –según la última redeterminación de precios– le cuesta al municipio 150 millones de pesos por mes.

Y para la disposición final, está la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitana Córdoba (Cormecor), que aún tiene irresuelto el litigio por la ocupación de tierras para tratar los desechos.

En 2014, había declarado desierta la licitación. Y en agosto de 2017 volvió a realizar el llamado. En octubre de ese año hubo tres oferentes, y finalmente en mayo se adjudicó por ocho años y con posibilidad de prórroga de dos años más el servicio de recolección.

Logística Urbana Sociedad Anónima (Lusa) se quedó en el sur. Esta empresa ya prestaba el servicio de recolección en el norte capitalino desde marzo de 2012. Es del grupo Romero, que también es dueño de Ersa, concesionaria del transporte urbano de la ciudad.

En el área central –Centro, Nueva Córdoba y parte de Alberdi, Güemes y General Paz– quedó Solví-Caputo operando con el nombre Logística Ambiental Mediterránea (LAM). Solví es del grupo brasileño Vega, mientras que Caputo fue hasta enero de 2018 propiedad de Nicolás Caputo, un empresario muy cercano al presidente Mauricio Macri. Caputo se desprendió de su paquete accionario y hoy esa firma está controlada por la constructora TGLT, presidida por Federico Wiel.

En la zona norte quedó Urbacor: una empresa conformada por Cotreco en sociedad con Transporte Olivos SA (Tosa), firma del grupo español Urbaser. Al igual que Lusa, Cotreco estaba en Córdoba desde marzo de 2012, en las zonas sur y centro.

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