Cuando hoy vayan a recargar sus tarjetas los y las trabajadoras de Córdoba se encontrarán con la sorpresa de un nuevo aumento en la tarifa del transporte urbano de pasajeros, al cual la denominación "público" ya le queda grande.
El boleto que hasta la semana pasada costaba $ 15,38, fue aumentado mediante un decreto firmado el viernes por la tarde por el intendente Ramón Mestre en un 12 por ciento, elevando la cifra de éste a $ 17,22, llegando a ser uno de los más caros del país junto a Neuquén y Bahía Blanca.
En el marco del brutal ajuste que viene sufriendo el pueblo trabajador mediante los tarifazos, la inflación y los aumentos constantes del combustible, esta suba afecta los bolsillos de quienes en peor situación económica se encuentran.
Es, al mismo tiempo, un grata sorpresa para las empresas que además de recibir onerosos subsidios por parte del estado, son premiadas con uno de los boletos más caros a nivel nacional.
Recordemos que una de las empresas, ERSA, quien posee el 75 por ciento del negocio, tiene íntimas ligazones con la familia del intendente desde que su padre, Ramón Bautista Mestre, fuera interventor de la provincia de Corrientes durante el gobierno de la Alianza.
Emulando a Macri, con quien comparte espacio político, la suba mediante decreto generó polémica en el Concejo Deliberante y algunos bloques opositores anunciaron que llevaran la suba a la justicia por pasar por alto al Concejo y a la Carta Orgánica Municipal, quienes son los encargados de fijar las tarifas.
Mientras se pelean para las cámaras, los que siguen sufriendo el ajuste son los sectores de trabajadores que utilizan el sistema urbano de pasajeros diariamente en condiciones pésimas de frecuencias y de estado de los coches.
Es en sus manos, la de los usuarios y de los trabajadores y trabajadoras, en las que debe estar el transporte público de pasajeros, ya que estos son los principales interesados en el estado y funcionamiento del sistema.
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